Sinónimos: desterrada, expatriada, exiliada, condenada. Este último adjetivo es el que califica la situación jurídica actual de quien fuera vice presidenta (2019-2023) y dos veces presidenta (2007-2015) de la República Argentina: Cristina Fernández de Kirchner.
La ratificación de su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, se produjo el pasado 10 de junio. La semana anterior, CFK había anunciado su candidatura a legisladora en la Provincia de Buenos Aires, la que ostenta mayor volumen de votantes en el país y donde se organizan elecciones de medio término para el mes de septiembre. Un cargo en la legislatura le garantizaría inmunidad. El oficialismo no se quiso arriesgar y, aún así, perdió.
La líder política argentina más importante de los tiempos que corren es ella. Todo el arco político, sea opositor de cualquier tendencia, u oficialista, es influenciado por la presencia, posturas y planteos de la ex presidenta. Cristina lleva a cuestas 12 procesos judiciales. Ninguno de ellos ha reunido evidencia suficiente ni conclusiva para condenarla. Se trata de un plan sistemático de persecución política, con la complicidad de jueces y fiscales “amigos” de quienes ostentan el poder.
Las pretensiones de “proscribir” a Cristina fueron más lejos el 1º de septiembre de 2022. Ese día al llegar a su residencia la esperaban cientos de manifestantes para saludarla y solidarizarse con ella ante una inminente condena. Fue allí, rodeada incluso de su escolta, cuando un hombre, Fernando Sabag Montiel, le disparó dos veces con un arma en la cabeza, hecho que no consumó su asesinato “de milagro”, como dirían las personas creyentes, porque la bala no salió.
La causa por el intento de magnifemicidio de Cristina Kirchner está llena de inconsistencias (al igual que todas las causas que pesan sobre ella) aún cuando sus abogados defensores, en este caso, han entregado amplios y suficientes elementos probatorios para investigar y condenar, tanto a los autores materiales como intelectuales.
De manera que estamos ante un hecho condenatorio, cuya receta ya se aplicó en otros casos, como en Ecuador, Bolivia, Perú, Paraguay, Brasil, cuyos ex presidentes de tendencia progresista, Rafael Correa, Evo Morales, Pedro Castillo, Fernando Lugo, Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva, han sufrido operaciones judiciales similares, para evitar que los líderes de la región, o sus fuerzas políticas, puedan seguir gobernando e implementando sus proyectos en favor de los pueblos y no de intereses económicos.
En otros escenarios, como en el caso de los gobiernos de Cuba, Nicaragua o Venezuela, estas operaciones golpistas contra gobiernos populares, incluyen otras estrategias de presión como la aplicación de medidas coercitivas unilaterales que van desde el bloqueo económico-financiero, hasta la confiscación de recursos estatales en el exterior.
La condena actual a la ex presidenta argentina Cristina Kirchner fue calculada y planificada para que no pueda presentarse a elecciones. Lo que no calculó el gobierno de Javier Milei -y las corporaciones detrás- fue que ese hecho vendría a reunificar las fuerzas políticas del Justicialismo, que lucían fragmentadas ante los próximos eventos electorales. Esto quedó demostrado el 18 de junio cuando se estima que un millón de personas de todo el país fueron a manifestar a Plaza de Mayo (centro neurálgico de las manifestaciones argentinas), a favor de una líder que en su momento gobernó con cierto equilibrio a favor de las masas. La unidad del peronismo de cara a las elecciones provinciales se concretó esta semana con el anuncio de la creación de la coalición Fuerza Patria.
Es necesario que desde América Latina y el Caribe revisemos a qué intereses responden los sistemas judiciales; cuáles son los mecanismos que posibilitan que en nuestros Estados tengamos estructuras contrarias a nuestros propios intereses. Entendiendo esto, será posible construir una justicia a nuestra medida, que garantice la paz, la seguridad y la complementariedad de nuestros pueblos.
Por: Dayana López Villalobos
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